28-09-2016 Télam
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó hoy a ocho años de prisión a Cecilia Góngora y a seis años a la médica obstetra Elsa Nasatsky, en el juicio por la apropiación y supresión de la identidad en 1977 del entonces recién nacido José Luis Maulín Pratto, el nieto número 120 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.
El presidente del TOF, José María Escobar Cello, leyó la sentencia, que era aguardada con mucha expectativa por familiares de Maulin Pratto y militantes de las agrupaciones Hijos, Unidos del Norte y de gremios, entre otras organizaciones que se dieron cita en las puertas del edificio judicial ubicado en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y San Jerónimo de la capital santafesina.La apropiadora fue sentenciada a ocho años de prisión y la obstetra que intervino en el parto controlado por represores de la Fuerza Aérea, Elsa Nasatsky, a seis años, como autora y partícipe necesaria de los delitos de falsedad ideológica de documento publico y alteración de estado civil de Maulín Pratto.
La médica fue en cambio absuelta de los delitos de retención y ocultamiento de la víctima, por los que también había sido acusada en este proceso.
Un tercer imputado en la causa falleció dos años antes de la sentencia dictada hoy: el entonces jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, murió en 2014 tras ser condenado a 21 años de prisión en otro juicio por delitos de lesa humanidad.
El TOF declaró además la falsedad de la partida de nacimiento en la que la víctima figura como José Luis Segretin y de su correspondiente DNI, y ordenó en consecuencia al Registro Civil de Reconquista efectuar las rectificaciones correspondientes y expedir un nuevo DNI que acredite la verdadera identidad de Maulin Pratto.
Además, en su veredicto, el Tribunal Oral de Santa Fe resolvió que las acusadas permanezcan en libertad hasta tanto la sentencia quede firme.
Finalmente, el TOF fijó para el 6 de octubre próximo la audiencia en la que se leerán los fundamentos de la sentencia.
“Me siento muy bien, satisfecho. Vine a buscar lo que me faltaba y ahora me lo llevo, que es la restitución definitiva, legal, de mi nombre, que no tuve hasta ahora”, declaró José Maulin Pratto declaró a Télam una vez conocido el fallo condenatorio.
Se mostró “conforme con la sentencia” y señaló que dejó este aspecto “en manos de la justicia, que trabajó de manera muy prolija. Costó llegar, la vigilia de hace ocho años es más angustiante que los años de condena que le pueden caber a esas personas”.
“Recuperé mi identidad no solo para mí sino para mis hijos, puedo andar tranquilo, mostrándome realmente como quien soy”, agregó y dijo también: “Mis padres, hermanos, toda la familia, era lo que mas queríamos”, ya que “recuperar la identidad es lo más para mí y esperábamos que salga así”.
Consultada por la prensa su madre, Luisa Pratto, respondió: “no se qué decir, estoy muy emocionada después de tanta lucha, esperamos mucho para esto, hubo demasiada impunidad, como que nosotros eramos los culpables”.
“No es fácil para una madre llegar a su casa y no tener a su hijo. Sin tu bebé y pensás cómo será la cara de tu hijo cuando va creciendo, cómo será su cumpleaños. No saben ustedes lo que se sufre, lo que es el dolor de una madre. Yo fui apresada, violada, adelante de mis propios hijos”, evocó.
“Mirarlo a la cara, ya recuperado, es una alegría inmensa”, añadió la madre del nieto recuperado 120.
La investigación iniciada en 2005 estableció que el 26 de marzo de 1977 Luisa Pratto llegó a un sanatorio privado de Reconquista a punto de dar a luz y que había sido trasladada hasta allí en forma clandestina desde la III Brigada Aérea de Reconquista, donde estaba secuestrada.
Luisa fue internada con nombre falso y tras el parto controlado por los represores la obligaron a entregar a su bebé, bajo la amenaza de matar a su marido Rubén Maulín y a su hermana Griselda, ambos secuestrados, si se negaba.
El 6 de abril de aquel año, su hijo apropiado fue inscripto en el Registro Civil con el nombre de José Luis Segretín y entregado al matrimonio conformado por José Angel Segretín -ya fallecido- y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a integrantes de la Fuerza Aérea.
Por estos hechos, fue también imputado Danilo Sambuelli, que era jefe del centro clandestino que funcionó en la III Brigada Aérea de Reconquista y murió en diciembre de 2014 mientras cumplía una condena por otros delitos de lesa humanidad cometidos en esa unidad militar.
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